Saelices contará con una nueva área de servicio en ambos sentidos de la A-3 con una inversión de 15,7 millones de euros

El Gobierno autoriza la licitación de esta infraestructura, que se construirá en el kilómetro 99 de la autovía de Valencia y dispondrá de estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la licitación del contrato para la construcción de una nueva área de servicio en la autovía A-3, a la altura de Saelices, en la provincia de Cuenca, con un presupuesto estimado de 15,71 millones de euros, IVA incluido.

La actuación se desarrollará en el kilómetro 99 de la A-3 y contempla instalaciones en ambos márgenes de la autovía, lo que permitirá ofrecer servicios a los conductores que circulen en los dos sentidos de la carretera.

Entre las principales características del proyecto destaca la incorporación de infraestructura de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, una medida destinada a facilitar los desplazamientos de larga distancia y favorecer la transición hacia una movilidad menos contaminante.

El área de servicio de Saelices constituye el lote 6 del programa piloto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que prevé la construcción de ocho nuevas áreas de servicio distribuidas por distintas carreteras estatales.

Para desarrollar estas instalaciones se utilizarán terrenos de titularidad estatal que se encontraban infrautilizados, con el propósito de agilizar la ejecución de los proyectos y aprovechar espacios ya disponibles junto a las principales vías de comunicación.

La futura área de Saelices se encuentra entre las actuaciones de mayor presupuesto de construcción del programa, con una inversión inicial estimada de 15,71 millones de euros. El conjunto de los seis contratos de concesión autorizados alcanza un valor estimado de 611,9 millones de euros, IVA no incluido.

La ejecución se llevará a cabo mediante un contrato de concesión de obras. La empresa que resulte adjudicataria deberá redactar el proyecto, obtener su aprobación por parte de la Dirección General de Carreteras, financiar la construcción y asumir posteriormente la explotación de las instalaciones durante un plazo de entre 20 y 25 años.

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